El 12 de abril del 2017 se publicó Código Orgánico del Ambiente (COA)[1], el cual entrará en vigencia a partir del 12 de abril de 2018.

Esta nueva ley ambiental, en gran manera, constituye una recopilación de mucha normativa ambiental que se encontraba dispersa entre leyes y reglamentos relacionados con el ambiente. Como era de esperarse, también recoge y ratifica las disposiciones de la Constitución de 2008.

Adicionalmente, se incorporan principios novedosos respecto de la responsabilidad ambiental que valen la pena ser destacados a fin de que la ciudadanía, en general, y el empresariado, en particular, estén familiarizados.

A continuación, un corto resumen de los principales principios ambientales contenidos en el COA:

1.- Derechos de la Naturaleza: Se ratifica el derecho de la naturaleza, que abarca el respeto integral a su existencia, mantenimiento y regeneración de ciclos vitales, así como el derecho a su restauración.

2.- Deberes y Responsabilidad de los particulares y del Estado:  El Estado y los particulares están obligados a respetar, proteger y restaurar el patrimonio natural, así como utilizar sus recursos de forma racional.

3.- Responsabilidad integral: Se reconoce el principio de responsabilidad integral de todo aquel que genere o pueda generar impactos ambientales, en todas las fases de la actividad, esto es desde su generación hasta su disposición final. Se incluye la aplicación del principio ambiental “de la cuna a la tumba” y “quien contamina paga”, que se refieren a la obligación de realizar todo aquello que esté al alcance del operador para evitar y/o reparar el daño.

4.-  Principio “indubio pro natura”:  En caso de que exista duda, vacío legal o falta de información respecto del riesgo que pueda causar al ambiente una actividad determinada, se aplicará aquello que más favorezca al medio ambiente.  Se incluyen entre estos principios los de precaución y prevención, por los cuales el Estado está obligado a adoptar medidas oportunas y eficaces a fin de evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación ambiental; y, cuando exista certidumbre del posible daño, exigir al promotor de la actividad el cabal cumplimiento de la normativa ambiental.

5.- Principio de “Responsabilidad Objetiva”:  Toda persona natural o jurídica que cause daño al medio ambiente, tendrá la obligación de reparar el daño causado así no exista dolo, culpa o negligencia, o incluso si el daño fue ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito, o si fue ocasionado por un tercero. En otras palabras, el operador de una actividad donde se ha producido una afectación al medio ambiente tiene la obligación de repararlo sin que exista excusa alguna de hacerlo.  En el caso de los dos últimos eventos citados, la ley exime al operador de la responsabilidad administrativa y, por ende, de estar sujeto a multas.

6.- Principio de “Responsabilidad Solidaria”:  Esta es una de las novedades que han sido incorporada al COA y que rompe los principios generales del derecho civil y societario tradicional. Efectivamente, según el artículo 290 del COA se dispone cinco principios de responsabilidad solidaria: a) Si una persona jurídica forma parte de un “grupo de sociedades”, la responsabilidad ambiental podrá extenderse a la sociedad que tiene capacidad de tomar decisiones sobre las otras empresas (entiéndase “empresa holding”), o “cuando se cometen a nombre de las sociedades fraudes y abusos a la ley”; b)  Los administradores o representantes legales de las compañías serán responsables solidarios de obligaciones pendientes establecidas por daños ambientales generados durante su gestión. Por este principio se agrega una responsabilidad solidaria adicional a las ya existentes en materia laboral y tributaria, pero en este caso, no solo al representante legal sino a “los administradores” en general; c) Cuando se produzca la extinción de la persona jurídica responsable de ocasionar los daños ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias serán asumidas por los socios o accionistas, de conformidad con la ley.  Este último principio rompe el principio societario respecto a la responsabilidad del socio o accionista de responder solo hasta el monto de su participación en la sociedad y puede derivar en un gran desincentivo para invertir en actividades industriales; y, d) Si existe una pluralidad de causantes de un mismo daño ambiental, la responsabilidad será solidaria entre quienes lo ocasionen. La ley no especifica si la pluralidad de causantes se refiere a personas naturales o jurídicas por lo que, en principio, se aplicaría a las dos.

En cuanto a la responsabilidad personal o individual, tenemos la particular situación de que, en el caso de muerte de la persona natural responsable de ocasionar daños ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes se transmitirán de conformidad a la ley.  En otras palabras, la responsabilidad de reparación ambiental del difunto se transmite a los herederos.

7.- Imprescriptibilidad de la responsabilidad ambiental:  Ratificando el principio constitucional, el COA establece la no prescripción de la responsabilidad de reparación ambiental, de manera que se podrá perseguir al infractor de manera indefinida y su responsabilidad de reparar el daño tampoco prescribe.  Esta disposición rompe también los principios legales tradicionales de prescripción de los derechos y acciones.

8.- Inversión de la carga de la prueba:  Este también es un principio de la Constitución del 2008, ratificado por el nuevo COA y por el cual, en los procesos ambientales de carácter administrativo, corresponde al actor o gestor de la actividad probar su inocencia en caso de existir un incidente ambiental que le sea imputado, siempre que exista causalidad entre la infracción y la actividad.

9.-  Sanciones administrativas, legales y penales:  La responsabilidad por daños ambientales acarrea sanciones de tipo: (i) administrativo (multas), (ii) legales (obligación de reparar el daño) y (ii) penales (en caso de incurrir en delitos ambientales detallados en el Código Orgánico Penal). Adicionalmente, si la actividad ha producido afectación al patrimonio de terceros, hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios en favor de dichos terceros, cuyas acciones deberán plantearse conforme las reglas civiles y procesales.

10.-  Suspensión de Actividades:  El COA define a las sanciones ambientales como leves, graves y muy graves.  Las infracciones están sujetas al pago de multas dependiendo de su gravedad e incluso a la suspensión temporal de la actividad en caso demostrarse incumplimientos al “plan de manejo ambiental” o a la normativa ambiental.  Para el levantamiento de la suspensión el operador deberá presentar un informe de las actividades ejecutadas para demostrar la subsanación de los incumplimientos. En caso de demostrarse no conformidades o incumplimientos mayores del plan de manejo ambiental reiterativo en más de dos ocasiones y sin aplicación de medidas correctivas, la autoridad competente podrá revocar el permiso ambiental respectivo (registro, permiso o licencia), sin perjuicio de la responsabilidad de reparación de los daños causados y la interrupción de la actividad o ejecución del proyecto.

[1] Suplemento del Registro Oficial No. 983

Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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