El 21 de agosto de 2018 se publicó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal[1] (Ley). El texto trae buenas noticias para el arbitraje en materia de inversiones. Al respecto, la Ley trae tres modificaciones importantes para el arbitraje en materia de inversiones. En este sentido, la Ley reforma el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), así como al Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

Respecto de las reformas al COPCI, la Ley establece que todos los contratos de inversión deberán incluir convenios arbitrales que establezcan procedimientos de arbitraje nacional o internacional en derecho para la resolución de disputas. En este sentido, y a diferencia de otras disposiciones relacionadas con el arbitraje en contratos de naturaleza pública –Ley de Minería, Ley APP, Ley de Hidrocarburos- que establecen la facultad –bajo el vocablo “podrán”- de las partes para pactar arbitraje como método de resolución de disputas contractuales, la Ley establece, de manera imperativa –bajo el vocablo “deberán”- la obligación de las partes de pactar arbitraje nacional o internacional como método de resolución de disputas bajo los contratos de inversión. La ley no hace referencia alguna a la sede del arbitraje dentro de los procedimientos de arbitraje internacional, por lo que, esto deberá ser pactado por las partes en cada caso.

Para el caso de contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares, la Ley manda a que el convenio arbitral contenga la posibilidad del reclamante de, a su sola elección, optar por un procedimiento arbitral regulado por: i) el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, ii) el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y, iii) las Reglas de Procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial “entre otras”. Las palabras “entre otras” abren la posibilidad a que el convenio arbitral permita al reclamante referir su procedimiento a la aplicación de otros reglamentos de arbitraje incluidos expresamente en la cláusula –e.g. el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres-. Sin embargo, la Ley deja claro que en ningún caso se aplicarán las reglas de arbitraje de emergencia.

Finalmente, la Ley, a título de reforma, ordena que sean eliminadas las palabras “laudo arbitral” de los artículos del COGEP relacionados con el proceso de homologación de decisiones extranjeras. Como efecto, la Ley trae de vuelta a la vida a la disposición de la Ley de Arbitraje y Mediación –derogada con la promulgación del COGEP- que señalaba que: “[l]os laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán los mismos efectos y serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional.

De esta manera, esta reforma propuesta por la Ley, parece dejar claro que los laudos arbitrales extranjeros pueden ejecutarse directamente de acuerdo con el proceso de ejecución establecido en el COGEP. Lo que parece responder a las dificultades generadas por la aplicación de dichas reglas a la homologación de decisiones, y, particularmente, a la posible violación que dicha aplicación generaría respecto de las obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano bajo la Convención de Nueva York, ambas notadas previamente en este blog. De cualquier manera, la reforma propuesta por la ley, en principio, guarda armonía con la Convención de Nueva York que permite aplicar disposiciones de derecho local cuando estas resultan más favorables a la ejecutabilidad del laudo.

[1] Registro Oficial Suplemento No. 309

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