La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica fue publicada el 21 de mayo[1] pasado y con esta se generaron nuevas obligaciones que regularán directamente a las empresas mineras y petroleras que operan en la región amazónica del país.

Esta ley responde a la necesidad de implementar políticas públicas en beneficio de un sector del Ecuador, la Amazonía, que se considera deficientemente atendido por el Estado a pesar de que en su territorio se explotan minas y petróleo. Previo a esta Ley, estaba en vigencia Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico y Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales, que ha sido derogada en su totalidad y remplazada.

Adicionalmente, responde a una obligación legal proveniente del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) que en su artículo 11 establece la creación de una Ley que regule la circunscripción amazónica especial en aspectos sociales, educativos, económicos, ambientales y culturales. Las siguientes son las principales obligaciones y principios que recoge:

 

PRINCIPIOS RELEVANTES

  • Se crea la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (en adelante la “Circunscripción”). Se crea una circunscripción territorial especial a fin de establecer políticas específicas acordes a las necesidades de la Amazonía. Estará dirigida por el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica quienes, entre otras funciones, conocerán y aprobarán el Plan Integral para la Amazonía.
  • Derecho al acceso preferente. Dar acceso preferente a los residentes de la Circunscripción a contratación o concurso publico de méritos. Los residentes de la Circunscripción tendrán que ser consideradas de manera preferente para la contratación o concurso público de méritos y oposición en las entidades del sector público y del sector privado. En la ley se ha enunciado este principio, sin embargo, resulta necesario esperar a la expedición del Reglamento correspondiente a fin de determinar los alcances del mismo y los procedimientos administrativos que deberán seguirse.
  • Implementación de energías renovables y eficiencia energética. Los gobiernos locales en coordinación con otras instituciones del Estado relacionadas, podrán proponer proyectos de energía renovables y eficiencia energética, a ser financiados por el Fondo Común que se crea con esta Ley.
  • Responsabilidad ambiental. Quien realice o promueva una actividad que afecte negativamente al ecosistema o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de operación todas las medidas necesarias para prevenir, evitar, mitigar o restaurar. Asimismo, estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que corresponda.

  NUEVAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

  • Domicilio de Tributación. Las empresas que tengan contratos o concesiones para la explotación de recursos hidrocarburíferos, mineros y de electricidad, y que realicen sus actividades exclusivamente en la Circunscripción, tendrán un plazo de 180 días para cambiar su domicilio tributario a la Circunscripción.. El artículo 30 de la Ley de Minería establecía una obligación similar a fin de determinar el domicilio fiscal para empresas mineras en el sentido de donde se encuentre la concesión minera, la mayor superficie de la suma de ellas en el caso de concesionarios con títulos mineros en distintas provincias o el principal proyecto de explotación o industrialización. En la Ley Amazónica se determina una obligación específica para las empresas petroleras y eléctricas a fin de determinar su domicilio fiscal donde se encuentre el campo, la mayor superficie de la suma de ellos en el caso de empresas con contratos en distintas provincias o el principal proyecto de exploración o explotación.
  • Presentar la declaración del Impuesto municipal 1.5X1000 sobre el total de activos en el cantón de la Circunscripción donde desarrolle su actividad. Las empresas que operan en la Circunscripción, presentarán la declaración de este impuesto en el correspondiente cantón de la Circunscripción donde se desarrolle la actividad de explotación, especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tengan sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada Municipio. Está norma crea una obligación particular para las empresas que operen en la región Amazónica.  Difiere del COOTAD puesto que esta mencionaba que “Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción distinta al Municipio o Distrito Metropolitano en el que tienen su domicilio social, el impuesto se pagará al Municipio del lugar en donde se encuentre ubicada la fábrica o planta de producción.”
  • Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas. En el caso de las patentes, diverge en gran medida de lo planteado en el COOTAD donde el pago por concepto de este tributo debía realizarse en cada cantón donde se tenía operaciones. En la nueva Ley, el pago se realizará proporcionalmente en el cantón de la Circunscripción donde se desarrolle la actividad de explotación, especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tengan sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada Municipio.

 NUEVAS OBLIGACIONES LABORALES

  • Derecho al empleo preferente. Todas las empresas públicas y privadas que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción, deberán contratar residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción. Se exceptúan aquellas actividades para las que no exista en la Circunscripción mano de obra calificada requerida.. Esta obligación deberá incorporarse a todos los contratos que se firmen con el Estado con actividades en la región amazónica. La contratación del 70% del personal de la Amazonia se deberá entender únicamente para aquellos trabajos que las empresas realicen en la Circunscripción Amazónica. Tanto esta obligación como la justificación en caso de no existir mano de obra calificada para cumplir con este mandato resultará en una carga administrativa para las empresas y, habrá que esperar a la elaboración de los respectivos reglamentos a fin de aclarar cómo será su implementación.
  • Inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Empresas públicas y privadas con más de veinticinco servidores o empleados, según corresponda, deberán contratar o nombrar personas pertenecientes a Pueblos y Nacionalidades, promoviendo acciones afirmativas; para ello, de manera progresiva y hasta un mínimo del 10% del total de servidores.

 OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA

  • Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Se financiará con una asignación equivalente al cuatro por ciento (4%) del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la Circunscripción por las empresas de explotación de hidrocarburos y que se comercialice en los mercados interno y externo que no podrá ser inferior dos dólares (USD 2,00), por cada barril de petróleo. Las empresas tendrán la obligación de depositar los valores mencionados de manera mensual y en la cuenta del banco Central creada específicamente para este fondo.
  • Financiamiento del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Se financiará este fondo con:
    • El doce por ciento (12%) de las utilidades de la actividad hidrocarburífera generadas en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de conformidad a la Ley de Hidrocarburos.
    • Los Excedentes o parte del superávit o exceso los ingresos sobre los gastos que generen las empresas públicas operadoras de sectores estratégicos en la Circunscripción y que fueren destinadas de esta forma al Presupuesto General del Estado.

De igual manera, los fondos descritos deberán ser depositados por las empresas en los plazos previstos para cada uno (por ejemplo, en el caso de utilidades el deposito debería ser anualmente), en las cuentas del Banco Central creada específicamente para este fondo y no se requerirá autorización alguna para cumplir con esta obligación.

OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS MINERAS

  • Financiamiento del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica: Se financiará con el 60% de regalías de los minerales que se exploten, las que podrían pagarse anticipadamente, el 3% de venta en contratos de prestación de servicios, y el 12% y 5% (para empresas de pequeña minería) de utilidades mineras generadas en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, de conformidad con lo establecido en la Ley de Minería. Estos montos serán depositados por las empresas públicas o privadas en la cuenta denominada Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Para los montos descritos, las empresas mineras tendrán la obligación de realizar los depósitos en los plazos correspondientes en la cuenta creada en el banco Central para este fondo.

[1] Registro Oficial número 245 de fecha 21 de mayo de 2018.

Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.