La Superintendencia de Control del Poder de Mercado reformó el Instructivo para la gestión y ejecución de los compromisos de cese[1]. En lo principal, la reforma introduce los siguientes cambios:

1.- El período para el cálculo del importe de subsanación ahora toma en cuenta la fase de barrido (30 días hábiles) hasta el día en que el operador económico presente la propuesta del compromiso. Vale la pena mencionar que la fase de barrido no se encuentra determinada ni en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, ni su Reglamento. En esencia, mientras más temprano en la investigación se presente la propuesta del compromiso, menor sería el importe de subsanación.

2.- En el caso de acumulación o desglose de expedientes, el importe de subsanación se calculará en función desde la fecha en que haya iniciado el primer proceso de investigación.

3.- La Superintendencia establece que podrá adoptar las medidas correctivas y complementarias acorde a la naturaleza y gravedad de la infracción. Es decir, no basta con que el operador económico cese la conducta investigada y pague el importe de subsanación, sino que además podrá estar sujeto a medidas adicionales a las presentadas en su propuesta de compromiso de cese.

4.- El importe de subsanación se calcula en función del mayor volumen de negocios dentro del mercado relevante investigado correspondiente a los 3 últimos años fiscales anteriores a la presentación del compromiso. En caso de que el operador económico presente información parcial sobre la facturación dentro un año, la Autoridad sacará el promedio de facturación mensual en dicho año y lo multiplicará por 12 meses.

5.- La resolución establece que los operadores económicos serán elegibles para un descuento sobre la cuantía del importe de subsanación dependiendo del orden de la presentación del compromiso. Es así que, el primero se haría acreedor de un descuento de hasta el 40%, el segundo de un descuento de hasta el 10% y el tercero de un descuento de hasta el 3%.
Este porcentaje de reducción se aplica en el derecho comparado exclusivamente en casos relativos a carteles, en los cuales se genera un incentivo para que los miembros de un acuerdo restrictivo denuncien a sus socios y se rompa el equilibrio artificial en el mercado que genera este tipo de prácticas.

6.- En el caso de que exista un solo operador investigado dentro de un expediente, los porcentajes de descuento se aplicarán dependiendo de la fase procesal en que se suscriba la propuesta.

[1] Resolución No. SCPM-DS-041-2016, publicada en el Registro Oficial No. 129 de 28 de noviembre de 2017.

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