La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió las normas de carácter general para que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros proceda con la administración, imposición y gradación de las sanciones a través del procedimiento administrativo sancionador a quienes participen de manera directa o indirecta en el Sistema de Seguros Privado y de Compañías que financien servicios de Atención Integral de Salud Prepagada, en los términos de la Ley General de Seguros, Libro 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero y de la Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguro que Oferten Cobertura de Asistencia Médica[1]. La Resolución señala, en lo principal, lo siguiente:

  • El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Intendente Nacional de Seguros o al Director Regional.
  • El procedimiento se impulsará de oficio en todas sus etapas.
  • Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenden su tramitación, salvo las relativas a la excusa y recusación.
  • Se podrá disponer la acumulación de un procedimiento administrativo con otro que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Así mismo se podrá ordenar su disgregación.
  • Le corresponde a la Dirección Nacional de Normativa y Reclamos, Dirección Nacional de Control Técnico de Seguros y Reaseguros, la Dirección Nacional de Auditoria, y las respectivas Subdirecciones Regionales emitir los informes técnicos en el ámbito de su respectiva competencia.
  • Todo procedimiento administrativo sancionador será precedido de actuaciones previas con el fin de investigar, averiguar e inspeccionar las actividades de las personas que participan de manera directa o indirecta en el sistema de seguros privado para establecer si han incurrido en hechos o actuaciones que serían constitutivos de infracción administrativa y la conveniencia de iniciar o no un procedimiento administrativo sancionador.
  • Las inspecciones de control pueden originarse de oficio o por denuncia presentada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
  • Como conclusión de las actuaciones previas, la unidad administrativa técnica de la Intendencia Nacional de Seguros o de la Dirección Regional de Seguros respectivamente, emitirá el informe técnico cuyas conclusiones se pondrán en conocimiento de la persona inspeccionada para que manifieste su criterio en relación a los documentos y los hallazgos preliminares. El criterio de la persona inspeccionada será evaluado por la unidad administrativa técnica competente, e incorporado íntegramente en el correspondiente informe técnico con el que se concluye la actuación previa.
  • Las actuaciones previas son independientes de los procesos de auditoría y control que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, realice a efectos de cumplir con el desempeño de sus competencias.
  • El proceso administrativo sancionador comprenderá las siguientes etapas:
    • Inicial: Decisión de iniciar el procedimiento sancionador.
    • Instrucción: Comienza con la recepción del escrito de contestación al acto de iniciación del procedimiento en el que el presunto infractor puede alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica de las diligencias probatorias. Esta etapa concluye con la elaboración del proyecto de resolución que será remitido al órgano competente para resolver el procedimiento sancionador.
    • Resolutiva: Emisión de la resolución y su notificación.
    • Ejecución de la resolución: Medidas y actuaciones para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.
  • En contra de la resolución sancionatoria se podrán interponer los recursos de apelación y extraordinario de revisión.
  • Los procesos administrativos sancionadores que estén tramitándose, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento anterior hasta su conclusión.

[1] Resolución No. SCVS-INS-2018-0028, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 326 de 13 de septiembre de 2018

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