Como es usual, con la publicación de una nueva ley, se dispone, entre otras cosas, la derogación y reforma de la normativa anterior. En este sentido el Código Orgánico Administrativo (COA), dispone que se deroguen todas las disposiciones concernientes al procedimiento administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía administrativa, caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripción de las sanciones que se han venido aplicando, hasta antes de su publicación[1]. Adicionalmente dispone que se deroguen otras disposiciones generales y especiales que se opongan al COA, sean estas de igual o menor rango.

Ahora bien, de conformidad al principio de ultractividad, que supone lo contrario al principio general en el que las leyes posteriores prevalecen sobre las anteriores, se admite que los términos que hayan empezado a correr se regirán por la ley o norma vigente al tiempo de su iniciación, de tal modo que la ley o norma que ha sido derogada puede aplicarse y continúa vigente para que los procesos con los que fue iniciada sean concluidos basados en la misma norma. Todo esto se cobija bajo el manto del principio de la seguridad jurídica.

El Código Orgánico Administrativo (COA) entró en plena vigencia el 8 de julio del 2018 y dispone en sus transitorias que los términos y plazos fijados en días, meses o años que hayan iniciado su decurso con anterioridad a la vigencia de este Código, se computarán y fenecerán de conformidad con el ordenamiento jurídico que les resulte aplicable, según la fecha de inicio. En este caso, por ejemplo, los procedimientos iniciados en base al Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) y bajo las demás normas que fueron derogadas por el COA, deberán continuar su trámite con la norma derogada, hasta su finalización.

Es preciso indicar, además, que los procedimientos que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia del COA, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las peticiones, los reclamos y los recursos interpuestos hasta antes de la implementación del COA, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.

Por otro lado, los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a este Código sobre los que no haya recaído un acto administrativo en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de publicación del COA, se regirán por las siguientes reglas:

1.- Los procedimientos administrativos que hayan iniciado a requerimiento de la persona interesada para obtener una autorización prevista en el ordenamiento jurídico concluirán, por silencio administrativo positivo, de conformidad con el régimen previsto en el COA.

2.- La persona interesada queda habilitada para proponer en vía administrativa o judicial las impugnaciones a las que haya lugar, de conformidad con el COA y el ordenamiento jurídico.

3.- Los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la administración caducarán y únicamente si la potestad pública correspondiente no ha caducado, el órgano competente puede iniciar el respectivo procedimiento administrativo con arreglo a este Código.

4.- Los procedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia de este Código caducan en seis meses, contados desde la fecha de publicación de este Código. En caso de que el ejercicio de la potestad sancionadora no haya prescrito, el órgano competente podrá iniciar un procedimiento sancionador de conformidad con este Código.

Como sucede en todo proceso de transición hacia la plena aplicación de un nuevo cuerpo normativo, la casuística servirá para afinar la aplicación de las normas en las que existe duda o ambigüedad. Es responsabilidad de todos los ciudadanos velar por la correcta aplicación de tan importante cuerpo normativo como lo es el COA.

[1] Entre otras reformas específicamente se ha derogado:

– Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos, en su totalidad;

– Los artículos 22, 54, 73, 269, 277 y 278 del Código Orgánico Monetario y Financiero;

– Los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica de Comunicación;

– Los artículos 126, 127, 128, 129, 134 y 135 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones;

– los Capítulos I y II del Título IV de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células; y,

– Los artículos 350 a 353 y el Capítulo Siete del Título Ocho del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y de Descentralización.

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