La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros emitió el Reglamento para la imposición y gradación de las sanciones, a través del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito societario[1]. En lo principal, la Resolución establece:

  • En caso de configurarse alguna infracción establecida en la Ley de Compañías que amerite la imposición de una sanción, la Superintendencia podrá a su juicio tramitar el respectivo procedimiento sancionador.
  • El reglamento es aplicable para actuaciones previas y procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones administrativas a las compañías sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia, así como a los representantes legales, directores, administradores, comisarios, entre otras personas naturales; y para la determinación de responsabilidades y sanciones administrativas a los interventores y a las firmas calificadas como auditores externos, sean personas naturales o jurídicas.
  • El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito societario le corresponde al Intendente Nacional de Compañías.
  • El delegado de la máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros designará, de entre el personal a su cargo, a un secretario para cada procedimiento.
  • Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenden su tramitación, salvo las relativas a la excusa y recusación.
  • Se podrá disponer la acumulación con otros trámites con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión entre sí.
  • Le corresponde a la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención es la unidad administrativa técnica emitir los informes técnicos en el ámbito de su competencia.
  • El Intendente Nacional de Procuraduría y Asesoría institucional será el encargado de emitir el informe jurídico, dentro del ámbito de sus competencias. Los informes jurídicos deberán contener los fundamentos de hecho y de derecho, la relación causal entre lo verificado en las acciones de control con las normas jurídicas pertinentes para que los actos administrativos que se emitan estén debidamente motivados.
  • El procedimiento administrativo sancionador en el ámbito societario podrá ser precedido de actuaciones previas, por denuncia, de oficio o por petición razonada de otros órganos, con el fin de investigar, averiguar e inspeccionar las actividades de las personas naturales y jurídicas sujetas a la vigilancia y control de esta Superintendencia, para establecer si han incurrido en hechos o actuaciones que serían constitutivos de infracción administrativa y la conveniencia de iniciar o no un procedimiento administrativo sancionador.
  • La inspección de control permitirá determinar los hechos que hagan presumir la comisión de posibles infracciones administrativas, la identificación de la persona o personas que pueden resultar presuntos responsables y las circunstancias relevantes.
  • El proceso administrativo sancionador comprenderá las siguientes etapas:
    • Inicial: decisión de iniciar el procedimiento sancionador.
    • Instrucción: comienza con la recepción del escrito de contestación al acto de iniciación del procedimiento en el que el presunto infractor puede alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica de las diligencias probatorias. Esta etapa concluye con la elaboración del proyecto de resolución.
    • Resolutiva: Emisión de la resolución y su posterior notificación a la persona inculpada.
    • Ejecución de la resolución: medidas y actuaciones para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.
  • En contra de la resolución sancionatoria se podrán interponer los recursos de apelación y extraordinario de revisión.

[1] Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2018-0027 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. No. 326 de 13 de septiembre de 2018

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