La Corte Nacional de Justicia recientemente emitió las “Reglas para el trámite de la acción de nulidad de laudo arbitral”[1]. Esta iniciativa, de conformidad con los considerandos de la Resolución, tiene por objeto adaptar las reglas de trámite de la acción de nulidad establecidas en la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM) a las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

Los artículos 1.1. y 1.2 de la Resolución replican lo ya establecido en la LAM al señalar que la acción de nulidad de laudo arbitral debe presentarse ante el tribunal arbitral que lo dictó, dentro término de diez días desde que quedó ejecutoriado, y que dicho tribunal deberá remitir el proceso al Presidente de la Corte Provincial competente, dentro del término de tres días. Sin embargo, omiten considerar la opción de que, el accionante, solicite la suspensión de los efectos del laudo; en cuyo caso, de acuerdo la LAM, se entiende que el término de tres días para remisión a la Corte correrá desde que este incidente sea resuelto.

El artículo 1.3 del a Resolución le da al Presidente de la Corte Provincial la posibilidad de inadmitir la acción en el caso de que el accionante no la hubiere presentado dentro del término antes mencionado. Esto resulta un tanto contradictorio con lo establecido en la LAM puesto que la facultad de admisión a trámite de la acción –al menos respecto de la temporalidad–, en principio recaería sobre el tribunal arbitral que dictó el laudo.

En un claro intento por acelerar el trámite de la acción de nulidad, el artículo 1.4 de la Resolución señala que, para resolver la acción de nulidad, el Presidente de la Corte Provincial respectiva convocará, dentro del término de treinta días desde que conoció la acción, a una audiencia única –que deberá realizarse conforme el artículo 79 del COGEP, según dispone el artículo 2 de la Resolución– en la cual se practicarán las pruebas respectivas. Seguramente en la misma providencia que convoca a audiencia el Presidente correrá traslado a la parte demandada para que conteste la acción en cinco días. Sin embargo, por cómo está redactada la resolución, va a ser muy difícil que la parte demandada pueda ejercer el derecho de contradicción establecido en el inciso cuarto del artículo 151 del COGEP. Finalizada la audiencia, de conformidad con lo establecido en artículo 3 de la Resolución, el Presidente de la Corte Provincial deberá pronunciar la sentencia en forma oral y notificar la decisión motivada por escrito dentro del término de diez días.

Pese a que la fijación del término de treinta días para la convocatoria a audiencia única antes mencionado parecería agilitar el trámite de la acción de nulidad, podría darse el caso que el juzgador decida suspender dicha audiencia para reinstalarla con posterioridad, sea por necesidad de práctica de pruebas o para dictar la resolución correspondiente.

Finalmente, y con la misma intención de agilitar el trámite de la acción de nulidad, el artículo 4 de la Resolución establece que: “[d]e la sentencia que dicte la o el Presidente de la Corte Provincial, no habrá recurso alguno, salvo los recursos horizontales de aclaración o ampliación”. De esta forma, la Corte Nacional de Justicia parece poner fin a los largos procesos de acción de nulidad en los cuales la parte desfavorecida por la decisión, planteaba los recursos de apelación y casación. Es necesario notar que esta disposición es contraria el criterio manifestado por la Corte Constitucional que, mediante Sentencia No. 325-15-SEP-CC, señaló que la acción de nulidad es un proceso de conocimiento del cual caben los recursos de nulidad y casación.

Por otra parte, la Resolución no hace referencia alguna a la Acción Extraordinaria de Protección (AEP) que, de acuerdo con el criterio expresado por la Corte Constitucional, cabe cuando el accionante haya agotado todos los recursos disponibles ante la justicia ordinaria. Puede concluirse entonces que la AEP cabría una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia del Presidente de la Corte Provincial resolviendo la acción de nulidad. También es importante considerar que, bajo el criterio de la Corte Constitucional, la AEP también puede ser presentada directamente frente al laudo arbitral en casos en los que se planteé para proteger derechos constitucionales que no puedan ser protegidos mediante la acción de nulidad.

En conclusión, la aplicación de la Resolución, en principio, tendría un efecto positivo respecto de la agilidad en el trámite de la acción de nulidad de laudos arbitrales; sin perjuicio de las complicaciones prácticas que su aplicación, especialmente en lo relacionado con el uso de normas del COGEP, pueda generar.

[1] Resolución 08-2017 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de 22 de marzo de 2017, publicada en el Registro Oficial 983 de 12 de abril de 2017.

Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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