Existe un incremento en el número de países que han incluido en su legislación la figura de la asociación público-privada (APP); sin embargo, al ser una propuesta relativamente nueva, no existe una definición unívoca sobre lo que significa. De manera general, una APP se refiere a un contrato entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o funciones que son responsabilidad originaria del sector público, es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública, en el que además se fija un plazo y una distribución de los riesgos y beneficios a las partes.[1]

En vista de que varios países de Latinoamérica incursionaron exitosamente en las APP durante algunos años, Ecuador se unió a la corriente y promulgó la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas e Inversiones Extranjeras el 18 de diciembre de 2015[2]. Esta ley aplica a todo tipo de asociación que tenga por objeto la provisión de bienes, obras o servicios por parte del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Desde la fecha de su promulgación, se han concretado varios proyectos de infraestructura de transporte, entre los que destaca la APP para la gestión del Puerto de Posorja a cargo de la empresa DPWorld Investments BV. Sin embargo, quedan todavía muchas oportunidades en diversas áreas que pueden ser explotadas.

Ecuador ha incluido sectores específicos que pueden considerarse dentro de la definición de las APP, tales como telecomunicaciones e infraestructura, entre otros. El país ha demostrado un importante desarrollo en el área de las telecomunicaciones, lo que genera oportunidades de negocio para el sector privado. Por ejemplo, el país ha escalado posiciones en el Índice Tecnológico NRI y actualmente se ubica en el puesto 82 entre 139 países. Adicionalmente, se ha reducido el Analfabetismo Digital del 32,4% en 2008 al 12,2% en 2015 y la tendencia sigue mejorando. La creciente demanda de servicios tecnológicos y de comunicaciones rebasa la oferta actual y, evidentemente, el gobierno no podrá abastecerlo por su propia cuenta.

En vista de estas necesidades, el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador puso a disposición de la iniciativa privada algunos proyectos que pueden pasar a formar parte de una APP, entre otros, se encuentran:

i) Nuevo operador móvil; cuyo objetivo es desconcentrar y dinamizar el mercado de telefonía móvil en el país con la posibilidad de abaratar los costos para los usuarios;

ii) Soterramiento de cables, que tiene como meta construir la infraestructura civil de soterramiento (ductos, cámaras, accesos, etc.) para las redes de telecomunicaciones de varias ciudades del país, con una tasa de retornó para el inversionista del 12% al 16%, a 15 años; y,

iii) La Infraestructura Pasiva de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), cuya oportunidad de inversión consiste en la disponibilidad de la infraestructura de esta empresa pública, que llega al 97 % de la población ecuatoriana, para la prestación de servicios de empresas privadas.[3]

El gobierno, en sus diferentes niveles, ha demostrado su empeño por posicionar las APP como una herramienta para contribuir a reducir el rezago en infraestructura del país. La nueva ley y sus reglamentos buscan consolidar el esquema de APP en la provisión y gestión de infraestructura productiva y su impulso en sectores estratégicos. Asimismo, reconoce la necesidad de fomentar la capacidad de las entidades territoriales, municipios y prefecturas para la formulación y estructuración de este tipo de proyectos. La regulación actual sobre APP busca otorgar seguridad jurídica a las inversiones privadas y además busca incentivarla con beneficios de orden tributario.

En casi un año y medio de la vigencia de la Ley Orgánica de Asociaciones Público Privadas e Inversión Extranjera se han consolidado importantes inversiones que sobrepasan los dos mil millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo, tanto desde el lado público como privado, ha acompañado a los países de la región que han fomentado la participación del sector privado en la provisión y gestión de infraestructura, con un apoyo integral que abarca temas regulatorios, institucionales, de estructuración y financiamiento. En el caso de Ecuador, se puede aprovechar todo el conocimiento y casos de éxito que se han producido en países latinoamericanos, esto contribuirá sobre todo para cerrar las brechas de conocimiento en la utilización efectiva de las APP.[4]

[1] Definición del Banco Mundial, en: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/definicion

[2] Registro Oficial Suplemento 652

[3] Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador, en: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/ecuador-presento-sus-oportunidades-de-inversion-en-telecomunicaciones/

[4] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en: https://blogs.iadb.org/moviliblog/2016/09/20/colombia-sigue-apostando-por-las-asociaciones-publico-privadas/

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