La ley reformatoria al Código de Trabajo publicada esta semana, contiene importantes cambios a la contratación laboral. Por un lado, elimina el denominado contrato a plazo fijo, figura que existía desde comienzos del siglo pasado en la legislación ecuatoriana y que tenía como característica principal el establecimiento de un tiempo específico, no inferior a un año ni superior a dos, para la ejecución del trabajo. De esta manera, los contratos de trabajo para actividades estables y permanentes de un empleador no tendrán un plazo definido de duración sino que durarán hasta que sean terminados por cualquiera de las causas establecidas en la ley.

Otra de las consecuencias de la eliminación del contrato de plazo fijo es la eliminación del desahucio patronal. Esto quiere decir que el empleador de ahora en adelante no podrá notificar al trabajador la terminación del contrato por la conclusión del plazo ya que éste es indefinido. El trabajado, en cambio, siempre podrá dar aviso de su deseo de terminar el contrato de trabajo con una comunicación escrita o electrónica a su empleador sin necesidad de realizar un trámite en el Ministerio de Trabajo.

La reforma laboral también crea el denominado “contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio”, cuyo objetivo principal es que cualquier empleador pueda contratar trabajadores únicamente por el tiempo que dure la obra o servicio para el cual fueron requeridos, sin necesidad de que se los deba incorporar como parte de los empleados estables o permanentes. Esta figura tiene algunas restricciones para evitar que sea utilizada abusivamente, pero puede constituir una alternativa interesante para fomentar el empleo. Cuando la obra o servicio determinado dentro del giro del negocio concluya, el empleador deberá pagar a los trabajadores únicamente los proporcionales de beneficios ley. Pagará además la bonificación por desahucio si la obra o servicio tuvo una duración mayor a un año.

Finalmente se ha eliminado la obligación de registrar los contratos de trabajo ante el Ministerio del ramo, lo cual supone una disminución en la carga administrativa de empleadores, sin perjuicio de las exigencias de contenido de los contratos que se mantienen vigentes.

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