El Ecuador adoptó como política pública nacional la plena liberalización del transporte aéreo, con excepción de tráfico de cabotaje[1]. Con esto, se encamina a la aplicación de las políticas de “cielos abiertos” para mejorar la conectividad aérea y con miras a potenciar el turismo. Así, el país deja atrás una política aerocomercial restrictiva y proteccionista que limitó el crecimiento del sector.

A esta decisión se añade la implementación de beneficios para las aerolíneas, como el subsidio del combustible para aeronaves dentro de la red de aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), y los aeropuertos de administración municipal. Podría percibirse que la DGAC no ha sido lo suficientemente efectiva en dinamizar la utilización de los aeropuertos que maneja, por lo tanto, esta medida busca atraer nuevas operaciones comerciales a estos aeródromos para amortizar la millonaria inversión que se realizó en infraestructura, que en su mayoría tiene carácter nacional, a excepción del aeropuerto de Manta y los de carácter binacional fronterizos en Esmeraldas y Santa Rosa.

La política de cielos abiertos y las condiciones favorables para las operaciones aerocomerciales en el mercado ecuatoriano, han generado expectativa y hasta el momento se espera el regreso y mayor participación de aerolíneas como Spirit Airlines, Condor, VivaColombia, así como la suscripción de más acuerdos aerocomerciales, como el del recientemente aprobado acuerdo bilateral con Canadá que, entre otras cosas, permite vuelos directos entre las dos naciones.

Por otro lado, los cielos abiertos suponen libre competencia en el mercado; es decir, que no se podrán interponer restricciones en los vuelos comerciales con respecto a número de aerolíneas, capacidad, frecuencia y aeronaves. En este sentido, la negociación de los convenios de cielos abiertos que deberán darse entre las naciones interesadas, respetará los principios de libre y sana competencia, en búsqueda de garantizar la prestación permanente de servicios y evitando las prácticas desleales o el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

De manera opcional, se podría aplicar la séptima Libertad del Aire sobre transporte de carga. Es decir, se permitiría a una aerolínea realizar operaciones de carga entre el otro país y un tercero mediante vuelos que no tienen por qué hacer escalas en, proceder de, o tener como destino el país de origen de dicha aerolínea.

Los cielos abiertos deberían traer beneficios al sector aerocomercial que desee operar en el espacio aéreo ecuatoriano. Esto implica que las autoridades de control aeronáutico deberán flexibilizar los trámites y ser más eficientes. Deberá existir una apertura en la asignación de frecuencias y en la libre asignación de los equipos de vuelo, una reducción de las tarifas aéreas, etc. Esto que redunda en un potencial turístico, una reducción de los costos de los pasajes y una mayor conectividad.

Para finalizar, es preciso indicar que para que los cielos abiertos traigan los beneficios esperados, es necesario que también se reduzcan las demás restricciones tributarias, burocráticas y se mejoren las condiciones de seguridad jurídica, promoción turística y demás incentivos que atraigan la inversión de las empresas aéreas. Tanto en el sector de pasajeros como en el sector de carga.

[1] Decreto No. 256 de 27 de diciembre de 2017, firmado por el Presidente del Ecuador, Lenin Moreno.

Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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