El día 22 de mayo de 2015 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 506 el CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.

Este Código reforma sustancialmente los procedimientos judiciales en Ecuador, y quizá la reforma más importante es la implementación del proceso oral. La oralidad no significa que no se acepte nada escrito, por el contrario, la demanda y contestación son escritas, y la prueba documental (escrituras, cartas, emails, etc.) es plenamente aceptada.

La oralidad se concentra en el debate de la prueba y la argumentación. Como hemos visto en las películas en la audiencia se hace el interrogatorio de partes, testigos, peritos y expertos. Se presenta el declarante, el abogado le hace las preguntas que crea necesarias para probar su caso, y la otra parte inmediatamente realiza el contra interrogatorio. El juez dirige la audiencia, aprecia las declaraciones y los cuestionamientos a las mismas, y él mismo puede pedir aclaraciones o explicaciones.

Antes de la audiencia, las partes deberán haber presentado toda la prueba, documental o pericial que tengan, de manera que el juez, los abogados y los llamados a declarar tengan pleno conocimiento del asunto en disputa, y estén preparados para defender o atacar esa prueba.

El nuevo proceso otorga más poderes y responsabilidades a los jueces para el manejo del caso. El juez debe resolver, sobre la marcha, los incidentes y las alegaciones de las partes. Debe conocer los hechos y las alegaciones de las partes antes de la audiencia de prueba (denominada audiencia de juicio) y debe dictar la sentencia, con pocas excepciones, al final de la indicada audiencia.

Este juez podrá también tomar medidas para asegurar el objeto del litigio. Además de las medidas cautelares conocidas como la retención de dinero o la prohibición de enajenar bienes (que actualmente se dictan en casos excepcionales), el nuevo Código permite al juez dictar otras medidas como el aseguramiento, la suspensión, o el no cumplimiento de obligaciones, mientras se discute el juicio. Si bien el Código faculta al juez a exigir contra-garantías antes de dictar estas medidas, advertimos lo perjudicial que puede resultar el abuso de las medidas cautelares.

Para que el nuevo sistema funcione, el incremento de los poderes del juez debe ir de la mano con el incremento de su calidad profesional, y con la confianza que la sociedad tenga en ellos. Un juez corrupto poderoso es más peligroso que un juez corrupto con poco poder. Sin embargo, creemos que interrogar abiertamente a testigos y peritos es un mecanismo de control de desempeño de todos quienes intervienen en el juicio.

Con este Código el legislador ha buscado un proceso más rápido, y se espera que los juicios ordinarios, que ahora se resuelven en no menos de cuatro años, se resuelvan en menos de un año; pero advertimos la posibilidad de que por la urgencia de despacho (por ejemplo que se dicte la sentencia en la audiencia de juicio) se emitan fallos poco motivados, fruto de la impresión que el juez se forme en la audiencia, más que en un estudio cabal del caso.

El nuevo proceso exigirá a las partes y a sus abogados dedicar mucho tiempo a la preparación del caso, para tener un profundo conocimiento de los hechos materia del juicio, puesto que su desconocimiento puede hacer perder sus alegaciones en la audiencia de prueba. Y además de conocer a fondo los hechos, los abogados deberán ser expertos en técnicas de alegación oral, y de interrogación de las partes, testigos y peritos.

Otra novedad que trae el Código es que el nuevo proceso y sus principios aplican en casi todo tipo de juicio, incluidos los laborales, tributarios y administrativos.

Para que el sistema oral tenga éxito, será necesario incrementar el número de jueces y de salas de audiencia. Los jueces deberán dedicar más tiempo a la preparación de la audiencia, para conocer a fondo los hechos del caso, y presente en toda la audiencia, que en juicios complicados puede tomar muchas horas, e incluso varios días, por lo que es obligación del Consejo de la Judicatura capacitar a los jueces, y atender estos requerimientos

Por otro lado, también será fundamental promover la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias, pues el nuevo sistema solo funcionará si se baja el porcentaje de litigios que llegan a juicio.

El Código empezará a aplicar después de un año y solo para los procesos que se inicien luego de transcurrido ese año. Los actuales procesos, y los que se inicien antes de que entre en vigor el Código, se tramitarán con las normas procesales vigentes en la actualidad.

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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