Parte 2: La aplicación conjunta en Estados Unidos de estos estatutos para combatir la corrupción y enjuiciar compañías, funcionarios públicos e instituciones financieras.

Como indicamos en nuestro artículo de la semana pasada, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye dentro de su categoría de delitos graves a la corrupción y soborno. Desde ese punto de vista, existe una convergencia entre la aplicación de normas contra el lavado de activos (normas AML) y las normas anticorrupción (como el FCPA en Estados Unidos). Esta convergencia ha permitido a reguladores estadounidenses perseguir a personas jurídicas y naturales que no son sujetas al FCPA[1], como es el caso de instituciones financieras que facilitan el pago de sobornos o el blanqueo de los mismos, como se ejemplifica en el caso de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

BPA acusada de lavado de activos

BPA es una institución financiera con más de cincuenta años en el sector financiero español. En marzo de este año, la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una notificación de hallazgos (“notice of finding”) identificando a BPA como una entidad financiera extranjera de “especial preocupación” en materia de blanqueo de capitales (“primary money laundering concern”).

FINCEN es el órgano delegado para emitir este tipo de notificación bajo la Ley Patriótica de los Estados Unidos (USA Patriot Act) del 2001.

La notificación de hallazgo indicaba que la alta gerencia de BPA facilitó transacciones financieras a través de terceros (despachos de abogados y contadores) en jurisdicciones como Rusia, China y Venezuela, para lavar activos provenientes de fraude, corrupción, soborno y trata de personas.

Sentencia de muerte para BPA

Este tipo de notificación, en la práctica, constituye una sentencia de muerte para una institución financiera, pues obliga a los bancos estadounidenses a tomar medidas especiales en su contra, entre ellas cerrar las cuentas corresponsales en dólares. En efecto, luego del comunicado de prensa de FINCEN respecto de la notificación de hallazgos, los bancos corresponsales estadounidenses cerraron las cuentas de BPA y dieron por terminadas sus relaciones comerciales con BPA.

BPA también fue intervenida por el regulador español competente para ser reestructurada y liquidada. Adicionalmente, el CEO de BPA, Joan Pau Miquel, fue imputado y encarcelado por lavado de activos.

Hallazgos relacionados con Venezuela

En los hallazgos relacionados con Venezuela, FINCEN determinó que BPA facilitó el movimiento de aproximadamente 4.2 billones de Dólares para una red que intentaba lavar fondos provenientes de corrupción pública en Venezuela. FINCEN encontró que esta red utilizaba un sinnúmero de empresas pantalla para mover fondos provenientes de contratos falsos, transacciones caracterizadas erróneamente como préstamos, sobre y subfacturación con contrapartes públicas como PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima). FINCEN determino que la red estaba conformada por oficiales de alto rango de Venezuela, agentes residentes panameños y abogados andorranos.

De acuerdo a la notificación de hallazgo, BPA fue negligente en su deber de monitoreo y debida diligencia aplicable a estas transacciones, que son clasificadas de alto riesgo de lavado de activos debido a las jurisdicciones implicadas, así como por la presencia de personas políticamente expuestas (PEPs) y empresas pantalla. Por ejemplo, BPA no verificó que los contratos que soportaban el origen de los fondos fueran verdaderos—algunos contratos ni siquiera identificaban clientes –.

Así, ciertas medidas tomadas por las autoridades americanas, como las notificaciones de hallazgos bajo normas AML, tienen como resultado reforzar la lucha contra la corrupción. Las instituciones financieras y sus programas de cumplimiento contra el lavado de activos son parte esencial para prevenir y detectar actos de corrupción internacional, y su falta de eficacia puede resultar en graves sanciones para la institución y sus directivos.

[1] Que criminaliza el ofrecimiento o pago de sobornos.

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo

Lexmundi Logo - PBP Law
Interlaw Logo - PBP Law
Club de Abogados Logo - PBP Law
Employment Law Alliance Logo - PBP Law
Insuralex Logo - PBP Law
Riela Logo - PBP Law
Lexmundi Logo - PBP Law
Interlaw Logo - PBP Law
Club de Abogados Logo - PBP Law
Employment Law Alliance Logo - PBP Law
Insuralex Logo - PBP Law
Riela Logo - PBP Law