Parte 1 – La aplicación conjunta en EEUU de estos estatutos para combatir la corrupción y enjuiciar compañías, funcionarios públicos e instituciones financieras

Existe una estrecha relación entre la corrupción y actos delictivos de lavado de activos. Por ello, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente que produce los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, señala que la corrupción y el soborno son delitos facilitados por el lavado de activos.

Aún más, las autoridades de control de los Estados Unidos aplican simultáneamente diferentes leyes penales federales por ejemplo normas de lavado de activos (conocidas como AML por sus siglas en inglés), con normas anticorrupción (FCPA), delitos de fraude por cable o correspondencia y de obstrucción de justicia. Esta práctica le brinda herramientas adicionales para enjuiciar no solo a las empresas e individuos que pagan sobornos pero también a los funcionarios públicos que los reciben y a las instituciones financieras que lo facilitan.

Podemos identificar tres tipos de actores generalmente involucrados en estos casos:

  1. Compañías e individuos que presuntamente pagan sobornos y que hacen negocios usando prácticas corruptas en violación del FCPA.
  2. Funcionarios públicos que reciben los sobornos e intentan blanquear esos fondos ilícitos. Los funcionarios públicos no pueden ser procesados por violación al FCPA (este estatuto criminaliza solamente la acción de ofrecer o pagar sobornos) pero si pueden ser enjuiciados por lavado de activos.
  3. Instituciones financieras y empresas proveedoras de servicios monetarios (MSBs) que permiten el uso del sistema financiero internacional para facilitar el pago de sobornos y blanqueo de dinero producto de la corrupción. Estas instituciones pueden ser sujetas a sanciones administrativas así como a procesos civiles y penales por lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses aplican estas normas agresivamente para perseguir a compañías, individuos e instituciones financieras, y para decomisar activos que son producto de la corrupción.

Un caso reciente es el de Direct Access Partners.

Direct Access Partners

Direct Access Partners era una compañía sofisticada de corretaje de negocios de Wall Street. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusaron civil y penalmente al Director Ejecutivo y a cuatro ejecutivos de haber pagado, por lo menos $5 millones, en sobornos a la ex vice-presidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), propiedad del estado venezolano. Para pagar los sobornos usaron como intermediarios a bancos suizos. Con este esquema, Direct Access Partners recibió más de US$ 60 millones en ingresos.

Ejecutivos de Direct Access Partners

Los cinco ejecutivos fueron acusados bajo distintos tipos penales y se declararon culpables. El Director Ejecutivo y el Gerente General aceptaron, entre otros cargos, los de conspiración y violación de FPCA en marzo del 2015. Fueron sentenciados a cuatro años de prisión, a devolver los ingresos que recibieron por efecto de las infracciones ($3.6millones y $2.6 millones respectivamente) y a pagar una multa de $40,000 dólares cada uno.

La funcionaria de gobierno

La funcionaria de BANDES, fue arrestada en Miami y decidió cooperar con la investigación del Departamento de Justicia Estadounidense. En noviembre del 2013 aceptó los cargos por lavado de dinero.

Los bancos

El Departamento de Justicia investigó a los bancos suizos que facilitaron el pago de sobornos a la funcionara de BANDES.

Direct Access Partners

Como consecuencia de la investigación de estos actos ilícitos, Direct Access, que en su momento tenía alrededor de 120 empleados, perdió su licencia de corretaje y tuvo que cesar sus operaciones. Su casa matriz se vio obligada a declarar bancarrota.

Este caso demuestra el uso agresivo de diversos estatutos penales por parte de las autoridades estadounidenses para perseguir los actores de corrupción.

Espera el análisis del caso del Banco d’Andorra en la siguiente edición.

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo

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