Con la total entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral de Procesos (COGEP), la forma de actuar la prueba dentro de los procesos judiciales sufrirá grandes cambios. Como sabemos, las pruebas tienen por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidas y es, a todas luces, la fase medular de todo juicio. De su correcta actuación dependerá que el litigio llegue a buen puerto, por lo que a largo de esta serie de publicaciones hemos revisado algunos de sus pormenores.

Como hemos mencionado antes, el nuevo sistema judicial en nuestro país cambiará y se adoptará el de juicios por audiencias. Por tal razón el COGEP dispone que la práctica de la prueba se realizará precisamente en una de estas comparecencias frente al juez: la audiencia de juicio. En otras palabras, los abogados de una parte deberán exponer y explicar oralmente la pertinencia de las pruebas que han incorporado al juicio y los de la otra deberán deslegitimarlas también oralmente, por lo que en los juzgados ecuatorianos veremos situaciones parecidas a las de películas y series de abogados de tradición anglosajona.

Es interesante considerar que a pesar de que en el COGEP no difieren el tipo de pruebas que se pueden actuar dentro de un juicio, sí ha recogido una serie de cambios importantes a nuestro sistema “práctico” de procedimiento civil. Estos cambios obedecen a la intención del legislador de simplificar y, principalmente, actualizar la ejecución de pruebas para que se apegue más a la realidad de la sociedad. Esencialmente nos referimos a la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas.

Con la promulgación del COGEP, actores, demandados y juzgadores podrán valerse de la tecnología para facilitar la actuación de pruebas y resolución de las causas. Por ejemplo, se autoriza a que se practiquen confesiones de testigos ausentes por videoconferencia e inclusive que las mismas partes comparezcan a las audiencias por estos medios en casos excepcionales.

En definitiva con el COGEP se pretende traer al sistema judicial ecuatoriano al siglo XXI, dotándolo de las herramientas legales y tecnológicas para que los juicios no se estaquen y la justicia llegue de manera expedita a quienes la reclaman. Además, se limita la posibilidad de “sorprender” a demandados y actores con incidentes no previstos, protegiendo el derecho de los litigantes a contradecir todas las actuaciones del proceso y otorgando un sistema más fiable al que contamos actualmente.

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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