En Ecuador, la minería tiene sus orígenes en la época pre incásica, muestra de ello es el trabajo realizado en oro, plata y platino por las culturas precolombinas. Luego de la conquista española aparecieron los primeros asentamientos mineros locales, principalmente en los poblados de Nambija y Zaruma.

Ya en tiempos republicanos, en 1897, la compañía SADCO (Southern American Development Company) solicitó al Estado el control de depósitos en Zaruma hasta el año 1950. Este establecimiento en Ecuador constituye un significativo precedente para la operación de compañías extranjeras mineras en nuestro país, aunque localmente, no ha existido un verdadero desarrollo de la actividad minera industrial, pues ha primado siempre la pequeña minería, y minería artesanal de subsistencia.

La minería en sus inicios, no contaba con regulaciones y base legal específica para su desarrollo, lo cual generó rechazo y desinformación en la población frente a esta actividad. La primera Ley de Minería Data del año 1830, creada con el objetivo de “fomentar la minería”, en el Gobierno de Juan José Flores. Posteriormente aparece en 1886 el “Código de Minería”, que fue modificado por Eloy Alfaro en 1900 y estableció plazos para el arrendamiento de minas. Luego, se expide la Ley de Minería de 1937 que determinó que son de dominio del estado los minerales que se encuentran en el subsuelo; y luego la Codificación de la Ley de Minería de 1961.

En 1991, durante la administración de Rodrigo Borja, se dictó una mejorada Ley de Minería. Esta ley, por primera vez calificó a la minería como una actividad de utilidad pública a nivel nacional y determinó que las minas y yacimientos son patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Finalmente reconoció derechos y concesiones mineras, definiendo las fases de la actividad minera. El mismo año se expidió también el primer Reglamento General a la Ley de Minería, instrumento que diseñó el procedimiento para el otorgamiento de concesiones y estableció lineamientos tributarios y económicos aplicables a la inversión minera.

En 2001, se modifica este Reglamento incorporándose normas que califican a la gestión minera como de interés nacional, prioritario y fundamental para el desarrollo, incluyendo una sección de normas sobre la protección del medio ambiente.

En el año 2008, con la expedición de una nueva Constitución, que reconocía por primera vez a la naturaleza como sujeto de derechos, se expidió el “Mandato Minero”. Este controversial instrumento declaró la extinción, sin compensación económica alguna de las concesiones mineras que se hallaban en la fase de exploración, y que no habían realizado ninguna inversión en el desarrollo de sus proyectos; también se declaró la caducidad de varias concesiones mineras que no habían presentado sus estudios de impacto ambiental. Este mandato generó una pausa sustancial en el desarrollo de la industria minera en el país.

En 2009, ante el innegable potencial minero existente, se impulsa la industria minera con la expedición de una nueva Ley de Minería y su Reglamento, rompiendo con las concepciones tradicionales que calificaban a la minería como una industria destructiva, para generar un nuevo modelo de desarrollo económico enfocado a una minería responsable y organizada, para gestionar este sector estratégico de acuerdo a principios de sostenibilidad, prevención y eficiencia.

Actualmente, las operaciones y actividades mineras conforman una importante industria a nivel mundial, que responde a las necesidades cotidianas de las civilizaciones y al desenvolvimiento de otras industrias y negocios. El Estado Ecuatoriano, a partir de la nueva Ley Minera, ha emitido una serie de regulaciones que promueven la inversión minera en el país. Estas regulaciones ofrecen la oportunidad de fomentar esta industria dentro de parámetros mundialmente aceptados, exigiendo a los concesionarios la adopción de mecanismos de protección ambiental, generan empleo y desarrollo en las zonas de influencia y permiten al Estado recibir importantes ingresos por medio del pago de impuestos, utilidades, regalías y cuotas sobre ingresos extraordinarios.

Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.


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