En los Estados Unidos, las entidades gubernamentales de control tienen la facultad de premiar económicamente a los empleados que delaten el cometimiento de actividades ilegales en de las compañías.

Una de las entidades gubernamentales estadounidenses que cuenta con un programa de reconocimiento económico de delatores es la Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos (“SEC”).  Esta entidad premia a los empleados de las compañías en cualquier parte del mundo que entreguen información que resulte útil para identificar, investigar y procesar a los responsables del cometimiento de actos ilegales, incluyendo violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

La SEC entiende que las personas que trabajan en las compañías están en una posición privilegiada para identificar el cometimiento de actos ilegales porque tienen acceso a información que resulta clave en las investigaciones.  La SEC protege la identidad de los delatores, no da información que pueda identificarlos, pero sí hace públicos los premios que entrega.  En el 2015, la SEC recibió 4000 denuncias.

Los montos de los premios son notablemente altos.  Estos premios pueden ir del 10% al 30% del monto recuperado por la SEC cuando la recuperación supera US$1 millón (multas y sanciones económicas).  Desde que inició el programa en el 2011, la SEC ha pagado más de US$85 millones en premios a 32 denunciantes que han entregado pruebas sobre el cometimiento de actos empresariales ilegales.  Durante el 2014 el reconocimiento económico más importante fue de más de US$ 30 millones, mientras que en el año 2013 fue de US$ 14 millones aproximadamente.  Recientemente, en junio 9 del 2016, la SEC entregó a un delator un premio de US$ 17 millones.

En un caso del 2016, el ex oficial de cumplimiento de una compañía dedicada a la fabricación y distribución de equipos médicos, denunció mediante una demanda civil (acción qui tam) que la compañía había entregado dinero, equipos médicos y viajes a médicos en Estados Unidos para incrementar ventas pagadas con fondos públicos. La investigación basada en la información provista por el delator reveló que la compañía también había hecho pagos y regalos a doctores de hospitales públicos de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, México y Costa Rica para conseguir oportunidades de negocio en vulneración del FCPA.  La información entregada por el delator sirvió para que el Departamento de Justicia (DOJ) procese penalmente a la compañía. La compañía llegó a un acuerdo con el DOJ y aceptó pagar US$ 646 millones. El delator recibió un premio económico de US$ 51 millones por la información y colaboración entregada.

Estos casos demuestran que las compañías deben contar con políticas internas robustas para prevenir y sancionar el cometimiento de actividades ilegales.  Cuando las compañías no toman estas medidas, existe el riesgo de que sus funcionarios presenten denuncias a las autoridades.  Este riesgo aumenta en los casos en que las autoridades, como las de Estados Unidos, ofrecen recompensas económicas para los denunciantes.

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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