La Constitución del Ecuador establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. El sistema procesal es el medio para la aplicación de la justicia; los tribunales y jueces son los encargados de resolver, basándose en la normativa vigente, los conflictos que se presentan en la sociedad. Decimos, por tanto, que los jueces tienen jurisdicción, que puede ser definida como la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La medida de dicha jurisdicción es la competencia; esto es, el marco reducido, específico y concreto dentro del cual actúa cada juez. La competencia se determina por elementos como: (i) el territorio, generalmente el lugar del domicilio del demandado; (ii) las personas, por ejemplo a determinados funcionarios se los debe demandar ante las Cortes Provinciales o la Corte Nacional de Justicia; (iii) las materias, por ejemplo civiles, penales, administrativas; y, (iv) los grados, que se refiere al lugar que ocupa el juzgador dentro del organigrama de la Función Judicial, por ejemplo jueces de primera y segunda instancia.

Todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por su juez natural. Para que un proceso judicial sea válido, entre otros requisitos, debe llevarse a cabo y ser resuelto por juez competente. Por regla general, es competente el juez del lugar donde tenga el domicilio el demandado. Es decir, la competencia se radica, en primer lugar, según el territorio y, posteriormente, por la materia de la que trata el litigio, por lo que existen jueces especializados en las distintas materias: civil, penal, administrativa, tributaria entre otros.

De igual manera, en caso de que las partes no estén conformes con la resolución emitida por un juez de primera instancia, tienen el derecho de apelarla y será una de las salas de la corte provincial del lugar en el que se llevó a cabo el proceso la competente para conocer el caso, es decir se convertirá en el nuevo juez natural de los litigantes.

Uno de los cambios más importantes que incorpora el nuevo Código Orgánico General de Procesos (COGEP) es el relativo a las reglas para la determinación de la competencia: (i) cuando la demandada es una persona jurídica, por ejemplo una compañía, será competente el juez del lugar donde ésta tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas y no solo el de su domicilio; (ii) cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se determinará en el domicilio del actor; y, (iii) en los casos en los que es demandado un trabajador, la competencia se determinare en relación a su domicilio.

Sin embargo, existen otros elementos para determinar la competencia entre los distintos jueces, por ejemplo los del lugar donde debe cumplirse alguna obligación o el del lugar en el que se encuentre el bien inmueble materia del litigio. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta todos los hechos y aspectos concurrentes para determinar ante quien debe demandarse o si el juez que se encuentra conociendo una causa es competente para hacerlo.

 Además de las autoridades judiciales ya mencionadas, los conflictos pueden resolverse mediante un arbitraje. El arbitraje es un procedimiento flexible al cual las partes se someten por escrito y en el cual en lugar de acudir a la justicia ordinaria, se acude ante un tribunal “privado” y ad-hoc que conoce y resuelve las controversias que los litigantes someten. Es decir, su jurisdicción es convencional porque nace de un acuerdo entre las partes.

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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