La plusvalía es un concepto propuesto por Adam Smith, y desarrollado subsecuentemente por Karl Marx en el siglo XIX. En sus inicios, con esta noción se aludía a la rentabilidad o beneficio sobre el tiempo y capital humano invertido en la producción de un bien. Marx consideraba la plusvalía como el valor creado por el trabajo humano, presente en el proceso productivo, y sin el cual una materia prima no tendría valor.

Desde la publicación de la teoría marxista, más de un autor ha desarrollado su propia concepción respecto de la plusvalía. Engels, en coincidencia con muchos otros pensadores, consideró que la plusvalía es un resultado que favorece a quienes están dispuestos a retrasar su propia gratificación personal por un beneficio económico futuro.

En la actualidad no resulta sencillo aceptar esta idea de plusvalía; más aun considerando el predominio del capital especulativo, el cual nos puede hacer pensar que el “plus valor” tiene su origen en alguna propiedad inmanentemente mágica.

Así, la plusvalía ha adoptado una nueva acepción, claramente direccionada hacia lo tributario. En su definición más reciente, se considera que el aumento del valor de un bien mueble o inmueble puede ocurrir por razones distintas al trabajo o a la actividad productiva de su propietario. Por ello, multitud de sistemas económicos a nivel internacional consideran la plusvalía como algo otorgado por un tercero (en la mayoría de casos el Estado), que resulta en el aumento del valor del bien, creando una obligación por la cual su propietario debe pagar un tributo determinado.

La noción actual de la plusvalía es más fácil de comprender en el caso de los inmuebles. Cuando el Estado realiza obras urbanísticas (carreteras de acceso por ejemplo), evidentemente añade valor a los inmuebles del sector, y según este principio, parecería justificable que el Estado rescate parte de ese beneficio para ponerlo al servicio del resto de la comunidad.

El Gobierno del Ecuador, al igual que lo han hecho con anterioridad el español, el colombiano y otros más, se encuentra considerando la posibilidad de “rescatar” dicho beneficio mediante el cobro de un nuevo impuesto.

Los rumores de la introducción de este impuesto en el Ecuador, han generado una duda de crucial importancia en el colectivo social ecuatoriano: ¿el pago de varios tributos ya existentes como el de la propiedad urbana y rural, alcabalas, utilidades en la transferencia de predios urbanos, impuesto a la renta, al valor agregado, herencia, contribución por mejoras, entre otros, no puede considerarse suficiente rescate por parte del Estado en su labor como ente responsable de los servicios urbanísticos? ¿No sería entonces el impuesto a la plusvalía una institución que origina doble tributación?

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo

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