Mediante Resolución No. SCPM-DS-032-2014 publicada en el Registro Oficial 314 de 19 de agosto de 2014, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) emitió el “Instructivo Especial para la Realización de Allanamientos e Inspecciones dentro de la Facultad de Investigación; y para Regular la Cadena de Custodia”.

La Resolución establece las normas procedimentales mínimas a ser observadas durante las inspecciones y allanamientos para la obtención de los objetos, elementos, información, documentos o instrumentos que se recaben en el lugar allanado o inspeccionado.

El Reglamento señala que las inspecciones se realizarán cuando la Intendencia de Investigación (“Intendencia”) tuviere conocimiento o presumiere que en algún lugar hay información, documentos u otros objetos relacionados con la conducta investigada.  Los allanamientos se efectuarán cuando la Intendencia tuviere conocimiento o presumiere que en un domicilio particular hay información, documentos u otros objetos relacionados con la conducta investigada que pudieran ser alterados, desaparecidos o destruidos por sus poseedores.

DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO O DE INVESTIGACIÓN

Antes de la diligencia:

Para ambas diligencias, la SCPM deberá obtener la respectiva autorización judicial.  En los casos de allanamiento, en la misma autorización judicial deberá constar el “descerrajamiento”.  Solicitará además el auxilio y protección de la Policía Nacional.

La SCPM debe designar al equipo que realizará la diligencia, cuyo jefe debe ser abogado.

El equipo deberá crear una agenda y hoja de ruta en la cual dejará constancia, entre otras cosas, de: (i) las actividades que pueden llevarse a cabo en el lugar de la diligencia; (ii) las situaciones y responsabilidades del personal que realizará la inspección; (iii) los métodos de observación de acuerdo al tipo de escena (abierta, cerrada, etc.).

Durante la diligencia:

Se debe leer la orden judicial que autoriza el allanamiento o inspección.

El equipo debe advertir al personal y funcionarios del operador investigado, y a cualquier persona que está prohibido “tocar, mover, ocultar o alterar el lugar de los archivos físicos, virtuales o magnéticos, los medios de lectura, contratos, información contable, toda clase de documentos formales o informales, grabaciones de audio y/o video, basureros, y cualquier otro elemento que, a criterio de la intendencia que dirige la investigación, pueda constituirse como prueba dentro de la investigación”.

Únicamente podrán estar presentes el personal asignado a la investigación y los representantes legales del operador económico.  La Ley tipifica como infracción leve la obstrucción por cualquier medio de la labor de inspección de la Superintendencia.  En caso de ser visitados por esta autoridad, sugerimos dar todas las facilidades para la inspección, solicitando de manera urgente la presencia de los abogados de la compañía.

El personal de la SCPM podrá tomar declaraciones de quien tuviere conocimiento de los hechos materia de la infracción investigada, para lo cual se requerirá de la presencia de su abogado defensor o de un defensor de la ciudadanía o público.

Al finalizar cualquier diligencia, se levantará un acta con la descripción taxativa, precisa y detallada del lugar y de lo observado.  El Reglamento establece la información que debe contener el acta, la que deberá ser firmada por el equipo de la SCPM y por los representantes del operador económico.

El equipo encargado de la diligencia podrá declarar a la información y objetos obtenidos como confidenciales o reservados.

Después de la diligencia:

El Intendente de Investigación notificará al operador económico involucrado con una copia certificada del acta.

El operador económico podrá formular observaciones y podrá solicitar, adjuntando las pruebas respectivas, las correcciones debidas en un término de 5 días.

El Reglamento establece además “una cadena de custodia administrativamente blindada y responsable que impida la filtración de la información y el deterioro de las evidencias”.  Determina las fases que debe cumplir la cadena de custodia y ordena observar y aplicar las normas existentes para procesos judiciales civiles y penales, en lo que fueren aplicables en sede administrativa.

De igual manera, señala los parámetros y procedimientos administrativos para la custodia, conservación, acceso, extracción o salida de la evidencia obtenida.

1 de septiembre de 2014

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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