El 10 de marzo de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de un grupo de empresas cementeras, sosteniendo que la Comisión Europea abusó de sus poderes investigativos al enviar extensos cuestionarios sin explicar a las empresas investigadas, a detalle, la conducta ilegal que estaba persiguiendo. Este precedente, bien recibido por practicantes y académicos en Europa, deja como lección importante el equilibrio que debe buscarse entre los derechos de operadores económicos, y las facultades de persecución e investigación de un regulador de competencia.

Entre noviembre de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Europea allanó varios locales de compañías cementares[1]. A esas inspecciones siguieron solicitudes de información extensas[2] que cubrían varios puntos aparentemente no relacionados. Los cuestionarios tenían entre 78 y 94 páginas de preguntas. En 2011, las compañías investigadas demandaron la ilegalidad de los pedidos de información. El Tribunal de Justicia falló a favor de las cementeras, argumentando que la facultad investigativa de la Comisión no es absoluta, y que debe ser ejercida de acuerdo a principios que salvaguardan los derechos de los investigados. De manera específica, el Tribunal dijo que un pedido de información, para ser legal, debe:

  • Detallar la base legal del pedido.
  • Especificar la información requerida y tiempos prudenciales para su entrega.
  • Explicar el propósito del pedido. Este requisito obliga a la Comisión a indicar claramente el objeto de la investigación, incluyendo la violación específica que se persigue.
  • Los elementos o sospechas que justifican la investigación.

Estos requisitos, según el Tribunal, permiten que los investigados se defiendan adecuadamente de las imputaciones; permiten un ejercicio acabado del control judicial sobre las decisiones de la Comisión (es imposible para una corte juzgar si el pedido de la Comisión fue abusivo si no se presenta suficiente información) y limitan el poder del investigador a favor de la presunción de inocencia del investigado (una consulta demasiado amplia sobre puntos disímiles, sin indicación de qué se está investigando o qué sospechas motivan el pedido implican, en última instancia, invertir la presunción de inocencia y convertirla en presunción de culpabilidad).

El Tribunal también dijo que si bien la motivación del pedido no implica que la Comisión deba entregar toda la información que tenga en su poder, no se le puede permitir evadir su responsabilidad de explicar sus motivos de manera clara y precisa. Los operadores tienen derecho a conocer de qué se trata la investigación y por qué están siendo investigados, y este derecho, vinculado al de defensa y a la obligación de motivar las decisiones, son fundamentales en el ejercicio del poder de cualquier institución en democracia.

Esta decisión es, sin duda, un avance importante que refuerzan los derechos de los ciudadanos y obligan a que se ejerzan las facultades investigativas con mayor responsabilidad y prudencia. Deja lecciones valiosas para autoridades de competencia en otras partes del mundo.

[1] Las compañías sujetas a investigación que después impugnaron el alcance de las facultades de investigación de la Comisión fueron HeidelbergCement, Schwenk Zement, Buzzi Unicem and Italmobiliare.

[2] El pedido de información se hizo bajo el artículo 18(3) de la Regulación 1/2003.

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