La participación del sector privado en los sectores estratégicos y servicios públicos se abre paso con nuevas reglas. En general, dichos sectores y servicios se reservaban casi exclusivamente al sector público, y de manera excepcional podían ser delegados a la “iniciativa privada” por mandato constitucional. Sobra decir que los sectores estratégicos y servicios públicos tienen una importancia económica fundamental, que incluye entre otros: (i) energía, (ii) telecomunicaciones, (iii) recursos naturales no renovables, (iv) hidrocarburos, (v) biodiversidad, (vi) patrimonio genético, (vii) espectro radioeléctrico, (viii) agua potable y riego, (ix) saneamiento, (x) energía eléctrica, (xi) telecomunicaciones, (xii) vialidad, e (xiii) infraestructura portuaria. La apertura regulada a la iniciativa privada a tales actividades bajo delegación, supone importantes alternativas.

Para viabilizar los procesos de delegación, el 6 de marzo de 2015 el Presidente de la República emitió el “Reglamento del Régimen de Colaboración Público Privada”.

 De acuerdo a este Reglamento, toda persona de derecho privado y cualquier consorcio pueden presentar a la entidad estatal correspondiente sus propuestas para proyectos en sectores estratégicos y servicios públicos o servicios de interés general. Estas propuestas pueden surgir por invitación estatal y también de la iniciativa del sector privado, y pueden ser hechas tanto para proyectos nuevos como para proyectos existentes.

A continuación una visión general de lo que establece la normativa ecuatoriana para la presentación de propuestas, tanto para proyectos nuevos como existentes:

  1. Proyectos en etapa de diseño:

La presentación de propuestas para proyectos que se encuentran en etapa de diseño sigue tres etapas:

  • Presentación de la propuesta
  • Evaluación de interés público, y
  • Análisis de viabilidad de la propuesta

Quienes realicen propuestas para proyectos en etapa de diseño, podrán recibir en función de los pliegos de contratación, puntaje de bonificación y otros beneficios, en caso de que concursen para su adjudicación.

Para la presentación y revisión, el Reglamento establece el contenido preliminar de toda propuesta en función del tipo de proyecto. Establece además que cada entidad pública competente fijará los requisitos específicos para la presentación de propuestas.

Desde la presentación de la propuesta, inicia el procedimiento de evaluación de interés público en el que la entidad pública competente tendrá 6 meses para definir si el proyecto propuesto contribuye a su planificación y satisface el nivel de participación estatal esperado. La determinación de interés público no se considera un pronunciamiento sobre la viabilidad técnica, jurídica o económica de la propuesta.

Luego de que una propuesta es declarada de interés público, inicia el procedimiento de análisis de viabilidad en el que el proponente deberá presentar información específica y detallada sobre el proyecto a ser propuesto incluyendo información sobre los beneficios que la propuesta traerá al Estado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. La entidad pública competente tendrá un plazo de 6 meses para determinar la viabilidad jurídica, técnica y económica de la propuesta. Desde que concluye la evaluación de interés púbico, la información que formó parte de las propuestas será considerada información pública.

Si es que la propuesta es declarada viable, la entidad competente incluirá la propuesta en un registro de proyectos a ser priorizados y podrá convocar a concurso público. Sin embargo, el Reglamento establece que la declaratoria de viabilidad no obliga a la entidad competente a iniciar el concurso público.

  1. Proyectos existentes:

Para el caso de proyectos que están en marcha, el proponente deberá presentar una descripción de cómo la propuesta se vincula con el proyecto en ejecución y además debe vincular su propuesta a un contrato de gestión delegada que se suscribiría con la entidad pública competente. Además, el proponente deberá presentar una valoración económica del proyecto en ejecución.

Advertencia: El boletín de Pérez, Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.