Análisis del caso Puma AG RD Sport c. Estudio 2000

Recientemente, el Tribunal Supremo español emitió una sentencia en la que condenó a dos árbitros por sus actuaciones en un proceso arbitral. El caso se refiere a un arbitraje iniciado por Puma AG RD Sport contra Estudio 2000 S.A., el 6 de agosto de 2009. De conformidad con el convenio arbitral y las reglas de arbitraje aplicables, cada parte seleccionó un árbitro y el presidente fue seleccionado de común acuerdo por los árbitros de parte.

Al momento de la deliberación, en una reunión preliminar, el tribunal arbitral discutía respecto de la cantidad que ordenaría pagar como indemnización de daños y perjuicios. De los hechos del caso se desprende que el tribunal arbitral estuvo cerca de llegar a un consenso; pero, en una reunión posterior, el árbitro designado por Puma manifestó su oposición al acuerdo sugiriendo una reducción del monto por daños.

Tras la última reunión, el árbitro designado por Puma salió de viaje –hecho conocido por sus co-árbitros- y estos se reunieron y dictaron un laudo en los términos en los que estaban de acuerdo ambos. El laudo, que fue notificado a las partes sin la firma del árbitro designado por Puma, estableció: “[e]ste laudo es firmado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley de Arbitraje, por D. Obdulio y por D. Marcos formando entre ambos la mayoría de los miembros del Colegio Arbitral requerida por el citado artículo. No consta la firma de D. Calixto por no haber prestado aún su conformidad al presente laudo, cuya notificación a las partes se considera no obstante conveniente realizar a la mayor brevedad posible de acuerdo con el interés en tal sentido expresado por las mismas durante el presente arbitraje”.

Cabe recalcar que el plazo para dictar el laudo vencía casi dos meses después de que fue proferido.

Tras la expedición del laudo, Puma planteó acción de nulidad. Esta fue aceptada con base en las violaciones a los principios de contradicción y colegialidad del laudo.

Puma inició una acción de responsabilidad civil en contra de los árbitros que dictaron el laudo con base en el artículo 21 de la Ley de Arbitraje española que establece la responsabilidad de los árbitros respecto de “los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo”.

El Tribunal Supremo español consideró que la actuación de los árbitros que dictaron el laudo alcanzó –y por ende violentó- el alto estándar de responsabilidad impuesto, al constituir una violación flagrante a los principios de contradicción y colegialidad del laudo al obrar “con pleno conocimiento por los demandados de que este último se encontraba de viaje, se reunieron el día 2 de junio siguiente, sin convocar al tercer árbitro”.

La sentencia del Tribunal Supremo español es muy interesante puesto que abre una ventana poco explorada en el mundo arbitral iniciando el debate sobre la responsabilidad de los árbitros por violaciones a sus deberes.

Desde una perspectiva local, y ante la falta de una norma expresa como la existente en la ley arbitral española, quien deseare iniciar una acción por responsabilidad de los árbitros, seguramente, debería seguir la vía contractual con base en el contrato atípico denominado receptum arbitri cuya naturaleza podría ser asemejada a la de un mandato remunerado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2021 del Código Civil.

La dificultad radica en que, a diferencia de la ley arbitral española que establece un estándar de responsabilidad muy alto en relación con la actividad del tribunal arbitral; esto es, dolo, temeridad y mala fe –equiparable a la culpa grave o lata de conformidad con el artículo 1563 del Código Civil-, nuestra legislación no regula esta circunstancia específica. Por ello, en aplicación del régimen de responsabilidad contractual, los árbitros deberían responder por culpa leve –como obraría un tercero razonable en las mismas circunstancias- en razón de que el contrato de receptum arbitri podría considerarse de aquellos en los que hay beneficios recíprocos para las partes.

Más allá de esta apreciación personal, la sentencia del Tribunal Supremo español abre el debate sobre la necesidad de regular la responsabilidad civil de los árbitros en contraste con la ausencia de normas al respecto.

Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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