Este enfoque nos permite:

Acompañar procesos regulatorios ante las autoridades públicas, comparecer en trámites para la aprobación de nuevas mallas o carreras, atender denuncias y procedimientos administrativos.

Gestionar permisos para la ejecución de proyectos de investigación que involucren materia sujeta a regulación por parte del ministerio de ambiente, de salud o de energía y recursos no renovables.

Asesorar en los aspectos laborales de la nómina de docentes e investigadores que se rigen bajo normas especiales.

Diseñar protocolos de investigación dentro del espacio educativo que respeten los derechos constitucionales de la comunidad y sirvan para que la institución cumpla sus objetivos.

Crear todos los protocolos requeridos por normas nacionales e internacionales para prevenir, investigar y sancionar el acoso en todas sus formas, la falta de probidad académica y el uso o porte de sustancias sujetas a control.

Estructurar legalmente los programas de becas y asistencia financiera, asegurando el cumplimiento de los objetivos de responsabilidad social de la empresa, asegurando, además, el cobro de acreencias.

Representar a la institución en todo tipo de procesos administrativos, judiciales o constitucionales.

Proteger a la empresa educativa en materia de propiedad intelectual en cuanto a invenciones, procesos, marcas y todo tipo de bienes intangibles.

Asesorar en el área tributaria.

Acompañar a la institución en la estructuración de proyectos: convenios interinstitucionales, cooperación con la empresa privada, solicitudes de fondos nacionales o extranjeros de investigación o desarrollo educativo, entre otros.